No le confíe su propiedad a cualquiera

La oferta de corredores es muy amplia y su actividad no está normada. Tampoco se establece cuánto pueden cobrar, pues se trata de una convención. Sepa a qué atenerse cuando piense arrendar o vender un inmueble.

En el mundo de los bienes raíces, los corredores de propiedades son una especie de “facilitadores” para que los negocios de compra, venta, arriendo o administración de inmuebles se hagan en forma más rápida e informada. Cualquier persona natural o jurídica puede serlo, pero antes hay que iniciar actividades en el SII y obtener una patente comercial municipal.

La ventaja es que la persona maneja sus tiempos y no requiere estudiar una carrera específica. Sin embargo, es imprescindible conocer este mercado y sus leyes.

Por ello, es conveniente realizar un curso para adentrarse en aspectos como la valorización de las propiedades, financiamiento, emprendimiento y fundamentos legales, entre otras materias. Actualmente, existen diversas ofertas de estudios presenciales o por internet ( e-learning ), entre ellas, las de tradicionales organizaciones, como la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios A.G. (Acop), Coproch o el Instituto Inmobiliario de Chile.

Como explica Jorge Díaz, de Zona Inmobiliaria (www.zonainmobiliaria.cl), su principal labor es ser intermediarios entre quienes buscan comprar o vender una vivienda, oficina o cualquier bien de este tipo. Es un servicio que prestan a personas, empresas u otras organizaciones.

No existen registros claros de cuántos corredores existen en Chile, pero basta con buscar en internet para darse cuenta de que la oferta es amplia, unos con más trayectoria que otros. No están sujetos a regulaciones, porque es una actividad libre y que puede desarrollar el que quiera. “De ahí la proliferación de miles de corredores de propiedades que existen hoy en el país. Hay agrupaciones serias, como Acop y otras, que incluso tienen certificaciones. Por esta razón es que se recomienda tomar a aquellos que tengan una larga trayectoria al respecto y que les permitan llegar a una compra o venta en las mejores condiciones”, advierte.

Conviene tomar en cuenta si el corredor está asociado a un gremio, pues estos cuentan con una estructura formal y comité de ética a los cuales recurrir en caso de incumplimiento.

Aunque no hay tarifas establecidas, existe una convención sobre el monto que cobran. Díaz precisa que, en general, se pacta un monto sobre el 2% por cuenta del comprador y otro 2% de parte del vendedor. No obstante, hoy este porcentaje puede variar de acuerdo con la oferta y la demanda. “Es un valor libre a convenir entre las partes”, asegura.

Si es un arriendo, la tarifa habitual es del 50% de la mensualidad, por una vez.

Solvencia económica

Para elegir un buen inquilino o cliente, siempre se investiga la solvencia económica y social de quien arrienda o compra, asegura. Se ven los riesgos y el comportamiento anterior del interesado y se piden certificados de antecedentes y de Dicom.

Al momento de inclinarse por una empresa o persona que se dedica al corretaje, dice que siempre hay que fijarse en quién da el servicio. Se le puede solicitar antecedentes o, por cuenta propia, es posible conocer también su solvencia económica. Agrega que es mejor firmar un contrato, donde se estipulen las condiciones pactadas entre comprador o vendedor con el corredor de propiedades.

Con frecuencia, Línea Directa recibe reclamos de lectores que se quejan por un trabajo deficiente de parte de sus corredores de propiedades. Entre ellos, que no les devuelven dineros comprometidos -como el mes de garantía a quienes arriendan-, que la propiedad adquirida tenía alguna traba legal que impedía su venta, que el inquilino no paga lo que debe o que pasa mucho tiempo sin que el corredor arriende o venda el inmueble.

Cuando el corredor ya no inspira confianza, si hay un documento firmado entre las partes o ante notario, no es fácil desecharlo, observa Díaz. En tal caso, el corredor puede pedir indemnizaciones o llegar a un arreglo que convenga a ambos. Incluso, hay contratos de exclusividad que se deben respetar y si no hay acuerdo se puede llegar a un litigio judicial.

¿Y si no cumplen?

Al no haber ninguna institución que los fiscalice, en caso de inconformidad el afectado puede acudir a los tribunales civiles o al Sernac. Como sanción es posible apelar a toda la legislación que existe en torno al incumplimiento de contrato. “Y si no lo hay es más difícil de probar, pero no imposible”, sostiene Jorge Díaz, de www.zonainmobiliaria.cl

Fuente: El Mercurio

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