Planificación y espacio público son las claves para la inclusión en la ciudad

El Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU 2017) determina que una persona que nace, vive y trabaja en el sector oriente, tiene más oportunidades para desarrollarse que aquella que lo hace en la zona sur. Expertos comentan que es necesario crear las regulaciones e incentivos necesarios para integrar a los barrios segregados del Gran Santiago.

Planificación territorial, mejora del espacio público, infraestructura, áreas verdes y transporte, son las claves para construir una ciudad más inclusiva, que es uno de los mayores desafíos que debe enfrentar el Gran Santiago, según comentan los expertos.

“La segregación existe desde que nació Santiago. En la colonia se dividió a las ciudades latinoamericanas en términos de raza y castas, entre los españoles y sus descendientes, y los no españoles, mestizos, negros e indios. Eso se fue naturalizando y se transformó en lo que ahora entendemos por segregación de clases”, explica Javier Ruiz Tagle, académico e investigador del Instituto de Estudios Urbanos UC.

Se trata de un problema que tiene serias consecuencias para los habitantes de la ciudad, puesto que limita sus posibilidades de desarrollo y acceso a las oportunidades. Además, afecta la distribución de recursos y servicios.

Un ejemplo de esto es que una persona que nace, vive y trabaja en Las Condes tiene mayores oportunidades que aquella que lo hace en Lo Espejo, según determina el último Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) desarrollado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

“Que las personas estén separadas en barrios distintos implica que tengan menor grado de contacto y que accedan a redes sociales distintas, lo cual implica conocer gente igual a uno y no conocer a personas diferentes. Otro tema es cómo están distribuidos los recursos, servicios y oportunidades en la ciudad, y en el caso de Chile esto está muy correlacionado con el nivel socioeconómico de quien vive en cada sector, entonces en un lugar rico los recursos, oportunidades y servicios son de alta calidad y en uno pobre, estos elementos son de baja calidad”, señala Ruiz Tagle.

Un ejemplo de esto son los datos arrojados por el estudio “Reconocimiento del Entorno Urbano”, realizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), los que indican que un 18,3% de la población del Gran Santiago, poco más de un millón de habitantes, vive en barrios con un entorno urbano de nivel crítico. Es decir, sufren de la falta de infraestructura urbana y accesibilidad a equipamiento.

Situación distinta a la que viven comunas como Las Condes, Vitacura y Providencia, quienes tienen los mayores niveles de acceso a conectividad y movilidad, servicios, vivienda y entorno, con un promedio de 72,1 puntos en el índice de Calidad de Vida Urbana, los más altos del país. Mientras que Pedro Aguirre Cerda, La Pintana y Lo Espejo promedian 24,9 puntos en el ICVU 2017.

Del estudio también se desprende que las comunas ubicadas en el rango inferior de calidad de vida urbana aumentaron de 12 a 22 entre 2013 y 2017, lo que significa que la población afectada por la falta de infraestructura y servicios pasó de 2,2 millones a 3,6 en cuatro años.

“Hay una lógica instalada de cómo se hacen las ciudades o cómo se va configurando la dotación de bienes públicos y privados en cada una de ellas, lo que tiende a generar un proceso de dualización, que si bien en el agregado uno puede observar que mejoran los estándares de calidad de vida, en general, hay algunos sectores o comunas que crecen en términos de estándares mucho más que otras. Son menos las que crecen en estándares que aquellas que van quedando rezagadas”, explica Arturo Orellana, coordinador del equipo de trabajo del ICVU.

“El mayor segregador de la ciudad es finalmente el Estado, porque cuando genera políticas que no tienen una articulación intersectorial, por ejemplo, resuelve el problema de la vivienda en función de multiplicar las oportunidades de construcción a partir del precio del suelo, de esta manera se va generando una ciudad segregada. Cuando las decisiones de política pública se hacen sin enfoque territorial y solamente sectorial, ahí es donde se produce la segregación”, agrega Orellana.

Para los expertos es clave estudiar el problema desde una perspectiva más amplia, considerando que no solo existe un tipo de segregación, sino que está también aquella que es generada por propia voluntad de los residentes de una determinada zona.

“Hay que analizar no solo la segregación residencial de clase baja, sino que también la de clase alta, porque es parte del mismo problema y genera externalidades negativas, no en esos barrios, sino que en otros, básicamente por la monopolización de recursos y oportunidades. A medida de que se pongan límites a esa autosegregación y que se establezcan cuotas de cantidad de viviendas sociales en esos lugares, se puede aportar a mejorar la inclusión en la ciudad”, manifiesta Ruiz Tagle.

Hay países que han enfrentado con éxito este problema, por ejemplo, en Francia existe un sistema de cuotas, donde cada comuna debe tener un 20% de viviendas sociales y las que decidan no tenerlas, deben pagar para que estas se construyan en otra parte. Idea que se estuvo estudiando en el plano local, pero que no rindió frutos.

“En Chile hubo una discusión para que hubiera un 5% de viviendas sociales y ni siquiera eso se logró aceptar, lo que está pasando es que se están protegiendo intereses corporativos de comunas que no quieren recibir viviendas sociales”, reflexiona el académico de la UC.

Las soluciones

Un organismo que ha decidido enfrentar el problema es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), quien de la mano de su presidente, Luis Eduardo Bresciani, ha desarrollado una serie de propuestas que apuntan a combatir la segregación social de las ciudades chilenas, apuntando hacia acciones concretas por parte del Estado para integrar los barrios que sufren de la desigualdad.

“Las condiciones actuales de desigualdad y segregación social que tienen nuestras ciudades, solo pueden ser solucionadas mediante una mayor inversión del Estado, algo que tiene que estar más focalizado en el mejoramiento del espacio público, la infraestructura y el transporte en las zonas que hoy presentan altos niveles de desigualdad urbana, me refiero a los barrios vulnerables. Esa la única manera de lograr que estos lugares se revitalicen y se equiparen a las condiciones que tienen otros sectores de la ciudad”, dice Bresciani.

Del mismo modo, el CNDU también propone entregarle facultades al Estado para poder ejecutar acciones directamente en el suelo, desarrollando proyectos en terrenos fiscales y creando un banco de suelo público que permita la construcción de viviendas de carácter social.

“Para que a futuro las ciudades no sigan replicando las desigualdades que existen en materia de ingresos en el espacio urbano, el Consejo propuso un conjunto de medidas de carácter normativo y regulatorio, por ejemplo, la creación de instrumentos de parte del estado para regular la creación de barrios con inclusión social. Es decir, barrios con cuotas de viviendas de diversos tipos de estratos sociales”, dice el presidente del CNDU.

Para los expertos también es clave el desarrollo del espacio público con una visión integradora dentro de la ciudad: “El problema del espacio público como elemento integrador y accesible a las personas que tienen menos recursos tiene que ver con dónde está localizado versus donde se ubican esas otras personas, por lo que el elemento clave es juntar a esos dos elementos. Hay proyectos donde existe una acción deliberada de la autoridad y que el desarrollador tiene que cumplir para aprobar ese proyecto, para traer a esa gente que tiene menos oferta”, asegura Richard Marshall, director de estrategia Internacional del estudio “Perkins + Will”.

Fuente: Pulso

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