Inmobiliarias acusan cese de créditos bancarios y riesgo de quiebras por pugna con Contraloría

La situación más compleja está en Estación Central, donde un dictamen del órgano contralor afecta a 28 proyectos ya iniciados -de un total de 50 iniciativas-, que suman 10.108 viviendas e involucran a 15.162 trabajadores, los que podrían perder sus empleos, destacó la ADI.

Un inédito y complicado escenario está enfrentando el sector inmobiliario por el cuestionamiento de la Contraloría General de la República a proyectos de construcción, especialmente a permisos de edificación de viviendas. Millonarias inversiones afectadas, freno en los créditos de los bancos a las empresas del rubro y riesgo real de quiebra de compañías, son algunos de los males derivados de eso, acusan en la industria.

Así lo afirman en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), gremio que agrupa a las principales firmas del sector, y también en la Asociación de Directores de Obras de Chile. Esas entidades generalmente están en veredas opuestas, ya que los primeros buscan las aprobaciones de los funcionarios de las direcciones de obras municipales (DOM) a sus proyectos, pero ahora ambos acusan trabas de la institucionalidad, especialmente de la actual Contraloría que dirige Jorge Bermúdez.

El presidente de la Asociación de Directores de Obras de Chile, Agustín Pérez, afirmó que actualmente hay 237 permisos de obra cuestionados a nivel nacional, principalmente por intervenciones de la Contraloría, pero también por la actuación de seremis regionales. Esto involucraría una inversión afectada por cerca de US$ 1.900 millones.

La ADI, en tanto, indicó que una de las situaciones más complicadas se advierte hoy en la comuna de Estación Central, debido a un dictamen de la Contraloría (27.918) que ordena a la municipalidad invalidar los permisos de construcción de proyectos aprobados con edificación continua, o edificios adyacentes que coinciden en fachada. Esto involucraría a cerca de 50 iniciativas en diferentes estados de desarrollo.

El abogado que asesora a la ADI, Karlfranz Koehler -del estudio Larraín Rencoret Urzúa-, explicó que el dictamen señala que para aplicar la “edificación continua se debe considerar que esté fijada la altura máxima del plan regulador”. Pero Estación Central carece de ese documento normativo y ahí se genera la discrepancia con el órgano contralor.

“El análisis normativo efectuado por el contralor en el referido dictamen constituye una interpretación sesgada y restrictiva de la realidad y de la normativa aplicable, que desconoce el valor y efectos de la potestad instructiva de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en relación a la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de su ordenanza general, situación que por cierto nos parece sumamente grave”, señaló Koehler.

El director ejecutivo de la ADI, Vicente Domínguez, afirma que los cuestionamientos de la Contraloría están generando un escenario de alta incertidumbre para el rubro. “Nunca habíamos tenido esta situación, con esta generalización. Antes siempre eran situaciones puntuales”.

El impacto del dictamen solo en el caso de edificaciones ya iniciadas afecta a 28 proyectos, que suman 10.108 viviendas e involucran a 15.162 trabajadores, los que podrían perder sus empleos, destacó la asociación. La inversión de estas iniciativas es de US$ 610,8 millones, indicaron en dicho gremio.

Domínguez advirtió que esos proyectos podrían quedar como “elefantes blancos”. Aseguró que los bancos están llamando a las inmobiliarias con proyectos afectados para informarles que les cortarán el flujo de recursos, porque están “construyendo un edificio cuyo permiso de edificación puede ser anulado”. Afirmó que “eso ya comenzó; no es ficción”. Agregó que una compañía tuvo que paralizar las obras y empezó a desvincular a sus trabajadores.

El representante de la ADI anticipó que si Estación Central aplica el dictamen, “podrían quebrar empresas”, porque se quedarían con deudas de al menos US$ 7 millones por obra y “no tendrían con qué responder, porque la garantía (proyecto) valdría cero”.

Vicente Domínguez indicó: “Se ha llamado mañosamente a este dictamen como el anti-guetos verticales, pero estos son pocos y nosotros estamos en contra de ellos. Acá la inmensa mayoría son edificios normales, de 14 a 20 pisos, que se ven en todas partes de Santiago”.

Fuente: El Mercurio

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