Un nuevo impuesto a las viviendas

No podemos negar nuestra preocupación por el impacto que generaría el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y normas complementarias, que actualmente se encuentra en discusión en el Senado, y que busca establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a nuevas obras inmobiliarias.
Esta incertidumbre se basa en los efectos que esta iniciativa tendrá sobre el valor de las viviendas, el costo de desarrollar obras de construcción, la idónea administración de estos recursos que se pagarán y el destino de los dineros, que podrían llegar a financiar incluso el Transantiago.
Pero cómo se llegó a este resultado, si la génesis del tema era otro.
Revisemos el proceso. La iniciativa ingresó al Congreso en 2012, buscando que los proyectos inmobiliarios compensaran sus impactos directos.
Como gremio estamos convencidos que es positivo que los proyectos incorporen todos los costos asociados y mitiguen sus externalidades locales. Pero en junio de este año el Ejecutivo ingresó una indicación reemplazando casi la totalidad del cuerpo original: los desarrollos inmobiliarios ahora no sólo deberían mitigar el efecto local, sino también recoger el impacto causado en la totalidad de la ciudad, estableciéndose así mitigaciones directas e indirectas.
Esta nueva definición del proyecto de ley denomina como aporte, lo que en realidad es un impuesto a la actividad inmobiliaria para compensar el déficit urbano general que hoy existe. Al tener un alcance para toda la ciudad, es, en definitiva, un nuevo gravamen específico a la vivienda, con fines redistributivos de cohesión social y sustentabilidad urbana, conceptos vagos de esta iniciativa.
Este impuesto, que podría llegar hasta el 40% del avalúo fiscal del terreno en el caso de proyectos en densificación, se destinaría en gran parte a financiar el transporte (70%), lo que se contrapone a las declaraciones del Gobierno donde explicitó que el tema de los tributos se daba por cerrado con la reforma tributaria.
En cuanto a las mitigaciones indirectas, el Ejecutivo insiste en que éstas sean administradas por el Gobierno Regional cuando la ciudad tenga más de una comuna. Como la densificación se produce en general en ciudades con más de una comuna, estos recursos irían a una administración regional y no local. Lo anterior con el objetivo de disminuir las brechas de desigualdad en la ciudad.
En resumen, poco y nada irá para la comuna o barrio intervenido y el espacio público y la calidad de vida de las personas, queda sólo en el papel.
Estamos seguros que aún es tiempo de volver a los principios del proyecto de ley, y a su versión original, aprobada en primer trámite. Esa iniciativa permitía calcular, mediante parámetros de superficie y giro del futuro desarrollo, los aportes a la comuna. Además los fondos recaudados se destinarían a financiar un Plan Maestro de Inversiones en la propia comuna.
Fuente : portalinmobiliario.com
*Columna realizada por
Francisco Espinoza Presidente Cchc Concepción.

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